Tensión en Boedo: el millonario litigio judicial que puso en jaque el patrimonio institucional de San Lorenzo

La sombra de un remate sobre la histórica sede de Avenida La Plata sobrevuela a San Lorenzo mientras la dirigencia intenta evitar un colapso financiero definitivo. El conflicto legal que mantiene la institución con el mediocampista Ignacio Piatti escaló a niveles críticos y expone la fragilidad económica de una gestión que heredó un pasivo monumental y hoy se encuentra contra las cuerdas frente a una sentencia de proporciones históricas.

El trasfondo de esta disputa se remonta a los primeros meses de 2020, bajo la presidencia de Marcelo Tinelli, cuando el volante ofensivo recaló en la entidad azulgrana tras su exitoso paso por el fútbol de la MLS y el brillo internacional. Aquella segunda etapa estuvo lejos de las expectativas deportivas: apenas diez partidos disputados, uno solo completo y una salida abrupta a fines de ese año mediante una cláusula unilateral aplicada por la directiva. Esa decisión unilateral encendió la mecha de un reclamo judicial monumental basado en la doble indemnización por las normativas vigentes en plena pandemia de COVID-19.

El recorrido en los tribunales transitó por dos andariveles opuestos. En la primera instancia, el Juzgado respaldó al club al considerar plenamente válida la cláusula de salida y destacar que se trataba de un profesional de vasta experiencia que rubricó el acuerdo bajo el principio de buena fe, limitando la condena a una cifra menor. Sin embargo, el panorama dio un vuelco drástico el veinticinco de septiembre de 2024, cuando la Cámara de Apelaciones sentenció que el vínculo posee una naturaleza estrictamente laboral e indisponible, declaró nula la cláusula de rescisión y, mediante un criterio financiero determinante sobre el uso del dólar MEP para evitar la licuación del crédito, elevó exponencialmente la deuda.

La cifra total dictaminada asciende a cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve dólares con once centavos ($4.369.889,11), un monto compuesto por indemnizaciones, intereses, elevados honorarios legales para ambas partes, peritos y la tasa de justicia. Como medida de presión ante la falta de pago, el futbolista concretó en marzo de 2025 el embargo preventivo del predio de Avenida La Plata, dejando abierta la puerta a un posible remate judicial si no median entendimientos concretos.

En la reciente audiencia celebrada este jueves, la dirigencia sanlorencista intentó destrabar el conflicto mediante una propuesta económica inicial combinada con la cesión de un porcentaje de los futuros derechos televisivos. La alternativa fue categóricamente rechazada por la representación legal del jugador, obstáculo al que se suma otro impedimento estructural: los ingresos por televisación ya se encuentran comprometidos judicialmente con otros acreedores prioritarios, como los casos de Lucas Menossi y Fabricio Coloccini, quienes perciben sumas mensuales fijas por fallos firmes. Ante este escenario de máxima tensión, ambas partes acordaron una nueva cita en los estrados judiciales fijada para el próximo veinticuatro de septiembre.