¿Jugar a puertas cerradas? Un partido no alcanza

En esta fecha, la séptima del torneo de 30 equipos, cuatro partidos se jugarán a puertas cerradas. San Lorenzo-Lanús; Tigre-Defensa; Quilmes-Sarmiento y Godoy Cruz-Independiente. Un hecho inédito en la historia del fútbol argentino. Gimnasia-River, que también iba a ser sin público, se jugará con gente gracias a una medida cautelar. 

Ante todo, una aclaración importante: acostumbrarse a la prohibición de los hinchas visitantes, así como antes nos habíamos acostumbrado a los horribles pulmones en las tribunas, no solucionó el problema de la violencia en el fútbol. Tampoco lo va a solucionar. Con los partidos a puertas cerradas, la lectura es la misma.  

Pero si la pena vigente que hay que pagar por agredir a un protagonista es jugar una fecha a puertas cerradas, también vale decir que el precio es muy económico. Claro, esta frase sonaría indiscutible si la agresión fuera tan evidente que no admitiera ninguna posibilidad de debate. Si es posible, que hubiera habido sangre de por medio, un daño tan claro que no existiera posibilidad de admitir una sanción leve.

Lo cierto es que jamás debería juzgarse la puntería, y mucho menos el daño, a la hora de establecer un reglamento de conducta. En las canchas de Inglaterra no vuelan piedras ni encendedores ni botellitas de vidrio ni de plástico. Y cuando vuelan, hay consecuencias, sin importar a quién le hayan pegado. Los que primero sufren los agresores: se los detiene y juzga inmediatamente. Y no entran más a ninguna cancha de fútbol. Pero nosotros no somos Inglaterra.

El derecho de admisión rige bajo distintas jurisdicciones con distintos criterios, pero en definitiva, una cosa es absolutamente federal: todos, en la provincia que sea, dudamos de que realmente se aplique con el rigor necesario.

No hace falta establecer teorías conspirativas para dejar en claro que la falta de controles no sólo es una sensación. Nadie se toma en serio las aparentes penas que los clubes toman contra los hinchas que arrojan objetos a la cancha. Y en esto entran tanto los peces gordos, o sea los barras más pesados, como los perejiles, de mala conducta desde la platea.

La individualización y castigo de los agresores es fundamental, y sin dudas el esfuerzo de los clubes por hacerlo puede implicar una reducción en la pena que reciban las instituciones, pero la pena para el club debe existir y debe ser dura.

¿Alguien se acuerda del hincha que agredió al Bofo Bautista en aquel famoso Boca-Chivas? ¿Alguien puede garantizar que esta persona no esté concurriendo a la cancha de Boca? Lo mismo pasa con cada uno de los sospechados de todos (larga lista) los hechos delictivos que se sucedieron en River en los últimos cinco años. ¿Esta gente está realmente fuera del fútbol por figurar en una lista de admisión? ¿Y el agresor al línea en la cancha de San Lorenzo, por nombrar un caso reciente, realmente hoy ya no pisa más un estadio?

El peligro de lo habitual

Sin dudas, jugar un partido a puertas cerradas es mejor que permitir agresiones libremente y sin sanciones, pero tampoco es una solución en este nuevo torneo de 30, lleno de componentes aleatorios.

Si entender el fixture ya es cosa compleja, si hay partidos casi todos los días, si la tabla de posiciones es una referencia vaga en la que el espectador medio no termina de saber más que la ubicación de seis o siete equipos (el propio, el que está por encima, su inmediato perseguidor, los punteros, el último), si aún no está claro qué pasará desde julio con la apertura del libro de pases, entonces, dentro de toda esa ensalada, no suena demasiado anormal el encontrarse con algún estadio vacío cada tanto, sin saber exactamente por qué. Le habrán tirado una piedra a alguno, seguramente, o habrán saltado los molinetes, o habrán encendido bengalas, o vaya a saber qué cosa. Se minimiza el hecho de tal modo que se transforma en algo accesorio y habitual, al punto de poder tolerar tranquilamente 90 minutos sin conocerlo. Un partido a puertas cerradas o un minuto de silencio por la muerte de vaya a saber quién. Casi que serán lo mismo.

Lo que en definitiva se fomenta es que el partido a puertas cerradas sea una especie de lotería a la que todos, algunos antes y otros después, deberán someterse durante el campeonato de 30 equipos, una regla adicional y poco entendible, así como la de la fecha revancha de los clásicos, que rompe el principio básico de deportividad del todos contra todos. Esto es igual. Algunos jugarán el campeonato con la obligación de viajar a jugar más partidos en el interior. Otros tendrán menos recorrido pero menos clásicos de local. Y otros, por algún motivo, jugarán más partidos a puertas cerradas.

¿Es esto efectivamente un castigo?

La respuesta es obvia. El verdadero castigo, sin meterse en la discusión de la quita de puntos (debate válido, por cierto), sería que las agresiones del público a los protagonistas se pagaran con una suspensión mucho más contundente. Cinco fechas a los que lo hagan por primera vez. Diez fechas a los reincidentes. Así, los clubes también se verían forzados a contribuir a la paz, y no deslindar responsabilidades en operativos policiales mal hechos o cacheos deficientes.

Se podrá esgrimir que 5 mil, 30 mil o 50 mil personas no tienen por qué pagar por lo que hayan hecho uno, cinco o diez tipos. Y sin embargo, sí tienen que pagar. A los individualizados se los debe castigar, pero también a los clubes y, por consecuencia lógica, a los hinchas inocentes. Al final del día, debe existir la sensación de que hacer algo mal no da igual que hacer las cosas bien. Que las penas existen y que hay que pagarlas.

Penas más contundentes llamarían a la reflexión y obligarían a que impere un mayor sentido de responsabilidad de los espectadores. Incluso, si está basado en el terror a dejar de ver un partido de su equipo durante dos meses.

La teoría conspirativa

Los infiltrados, se argumentará, como variable para provocar un daño a un rival. Estamos en un país en el que las teorías conspirativas se elucubran en las esferas públicas abiertamente y sin filtro, tal y como si se trataran de una charla de bar. Pero en algún momento hay que frenar las teorías conspirativas, ponerse en movimiento y aceptar las consecuencias. En este caso de los infiltrados, primero habría que ver qué clubes permiten a los no socios comprar entradas. Segundo, cuántos de esos aparentes neutrales lograrían efectivamente ingresar y agredir a un protagonista adrede. Pero actualmente nadie duda de que haya infiltrados en los partidos de fútbol, y las penas de suspensión de estadios están vigentes. Hacerlas más severas, entonces, no tendría por qué alterar la hipótesis vigente – no hay infiltrados, si no estúpidos, violentos o antisociales.

Si, en cambio, existiera quita de puntos, en ese caso sí se empezaría a pensar en la infiltración como método de alterar la tabla de posiciones. Pero aquí no se alteraría la tabla de posiciones, sino la economía de los clubes, y por ende, sus posibilidades deportivas; y por sobre todas las cosas, lo que se alteraría es la economía de las barras bravas. Cinco o diez partidos seguidos sin asistencia, más la prohibición de hinchas visitantes, le pondría un peligroso freno a su negocio de venta de entradas, puestos de comida y estacionamientos abusivos. Las propias barras, por temor a resignar sus prebendas, deberían organizarse para que a nadie se le ocurra agredir a un protagonista.

En definitiva, no dejar las penas sujetas a la herida inflingida, ni al objeto agresor, sino al hecho en sí mismo. Penas individuales, penas grupales. La expulsión al técnico cuando un equipo se demora en salir al campo también puede hacer pagar a un inocente, pero al final de cuentas, puso a todos los equipos en onda: con el horario no hay excusas. Con las agresiones debe ser igual. 

Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos al partido ocasional sin público. Y sin que nos importe el por qué. Precisamente lo que está ocurriendo.